Sobre las ventas de granos al exterior
RECLAMAN LA INMEDIATA PUESTA EN MARCHA DE UNA COMISIÓN INVESTIGADORA
Los diputados de la Nación por la UCR, Pedro Azcoiti y Pedro Morini reclamaron la “inmediata constitución y puesta en funcionamiento” de la Comisión Bicameral encargada de investigar la venta al exterior de productos agropecuarios.
“Ya pasaron las elecciones, por lo tanto, nadie podrá adjudicar a nuestro reclamo intenciones electoralistas, pero desde el radicalismo no estamos dispuestos a dejar que esas maniobras queden impunes”, expresaron los legisladores.
A juicio de Azcoiti y Morini, quienes fueran designados por la bancada radical para integrarla, “resulta inconcebible que a diez meses de haberse aprobado el proyecto, la Comisión nunca haya sido convocada y designados sus integrantes”.
Cabe recordar que la decisión de conformar la Comisión en cuestión surgió a partir de haberse detectado operaciones presuntamente fraudulentas respecto a las declaraciones juradas presentadas por exportadores por ventas de granos al exterior entre octubre de 2007 y marzo de 2008.
Conforme a estimaciones realizadas las operaciones alcanzarían un volumen de 23 millones de toneladas de soja y otros granos y les habría reportado una ganancia extraordinaria de muchos cientos de millones de dólares.
La Comisión que será integrada por seis senadores y seis diputados, deberá investigar si las cerealeras cometieron irregularidades al anticiparse al aumento de las retenciones del 27,5% al 35% mediante la presentación de declaraciones juradas de exportaciones por granos que, en realidad, no tenían en su poder en ese momento.
Al anticipar esas operaciones las exportadoras congelaron el precio y la alícuota por retenciones de los granos comprometidos en las mismas, sin embargo al adquirir tiempo después los granos con otros valores y niveles de retenciones le dedujeron al productor cifras significativamente mayores a las que ellos debían tributar, generándose así una ganancia extra a costa de los productores y el Estado.
Los legisladores deberán también analizar si el caso no representa un tráfico de influencias y filtración de información por parte de funcionarios públicos que habría permitido originar esta maniobra fraudulenta.
Tanto Azcoiti como Morini, sostuvieron que “tan prolongada demora puede hacer presumir que existe de parte del oficialismo una velada intención de encubrir a los involucrados y no tener verdadera voluntad de esclarecer los hechos”.
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